Un puente concebido para unir dos mares y redibujar el mapa económico de Sudamérica. Tras largas negociaciones, Argentina y Brasil han dado un paso decisivo al oficializar la construcción del puente San Javier–Porto Xavier, una infraestructura largamente planeada que atravesará el río Uruguay y que se perfila como una pieza esencial del corredor bioceánico: esa vasta red de carreteras que aspira a enlazar, en un mismo eje territorial, las aguas del Atlántico con las del Pacífico.
Un proyecto de 34 millones que promete reducir en 12 horas el tránsito de mercancías entre Brasil y Chile
Según adelanta el medio polaco Gazetta, la motivación del proyecto no se esconde tras metáforas grandilocuentes. Su función es concreta, casi quirúrgica: abrir un nuevo flujo comercial más ágil entre Brasil, Argentina, Paraguay y Chile, reduciendo tiempos de tránsito y recortando costes logísticos en un contexto regional que exige competitividad y rutas más eficientes.
Las primeras cifras ya permiten imaginar su escala. La estructura alcanzará aproximadamente 950 metros de longitud y 17,4 metros de ancho. Incluirá dos carriles vehiculares con barreras de seguridad, un carril destinado a bicicletas, sendas peatonales, iluminación LED y un sistema de monitoreo continuo que permitirá vigilar el tráfico y las condiciones del puente en tiempo real. Una obra moderna, íntegramente diseñada para soportar décadas de actividad y convertirse en eje estratégico de conexión.
El calendario de trabajo apunta a mediados de 2026 para el inicio de las obras, con un plazo estimado de 1440 días hasta su culminación. Si no hay contratiempos -un matiz siempre prudente en obras de esta escala- el puente quedará operativo en 2030. Pero más allá del impacto visual de la infraestructura, lo verdaderamente relevante es su peso económico. El nuevo enlace no solo permitirá un tránsito más fluido: también promete reforzar las economías locales, abrir nuevas rutas de exportación y consolidar una red logística compartida entre los países involucrados.
La financiación será íntegramente asumida por el gobierno federal brasileño, que además tomará las riendas de los permisos medioambientales y las expropiaciones necesarias. La inversión total supera los 34 millones de euros, una cifra que refleja la ambición de un proyecto pensado para transformar, a largo plazo, la conectividad de toda la región.
