Muchos propietarios españoles viven convencidos de que su piso es su refugio económico de futuro, pero una parte importante del parque de vivienda está envejeciendo tan deprisa y con tan poco mantenimiento que corre el riesgo de convertirse en lo contrario: un problema caro de sostener. El arquitecto Jordi Martí lo ha resumido con crudeza en un reciente vídeo: hay edificios levantados hace más de medio siglo que, si no se actúa ya, acabarán siendo un lastre para las familias que los habitan, tanto por seguridad como por dinero.
El núcleo del problema está en cómo se construyó buena parte del parque inmobiliario entre los años 60 y 80: fachadas sin aislamiento térmico, cubiertas mal ventiladas, instalaciones de luz, agua y gas obsoletas y sistemas de calefacción totalmente alejados de los estándares actuales de eficiencia. Todo eso se traduce hoy en recibos de electricidad y gas disparados y en un goteo constante de averías y derramas. En ciudades como Barcelona, cerca del 87% de los edificios se levantaron antes de 1982, lo que significa que decenas de miles de inmuebles nacieron sin las exigencias energéticas que hoy consideramos básicas y acumulan ya varias décadas de desgaste.
El coste oculto de no renovar
El impacto para las economías domésticas es doble. Por un lado, mantener en pie un edificio sin renovar supone asumir derramas cada vez más altas para reparar fachadas, reforzar estructuras o adaptar instalaciones a normativas que se han endurecido. Por otro, una finca con patologías visibles —humedades, grietas, barandillas oxidadas, ascensores precarios o inexistentes— va perdiendo valor de mercado frente a viviendas reformadas o de obra nueva, lo que complica su venta o reduce el margen para usarla como garantía en una hipoteca. Convertir la vivienda en un “plan de pensiones” es mucho más difícil si el propio edificio se ha quedado desfasado.
Martí defiende una idea muy sencilla pero que cuesta asumir: un edificio se parece más a un organismo vivo que a un objeto inerte. Si no se revisa, no se actualiza y no se cuida, se deteriora más rápido y arrastra a sus propietarios. Los administradores de fincas que planifican revisiones periódicas, refuerzan envolventes térmicas, cambian calderas viejas por sistemas más eficientes y organizan una hucha comunitaria para futuras obras están, en la práctica, alargando la vida útil del inmueble y protegiendo el patrimonio de todos los vecinos, aunque a corto plazo suponga pagar un poco más cada mes.
La oportunidad de las ayudas europeas
En paralelo, los fondos europeos del Plan de Recuperación (Next Generation EU) han abierto una ventana de oportunidad para dejar de ir “a golpe de derrama” y abordar rehabilitaciones energéticas a gran escala. Estas ayudas, gestionadas por las comunidades autónomas, pueden cubrir entre el 40% y el 80% del coste de actuaciones como aislar fachadas y cubiertas, cambiar ventanas o renovar sistemas de climatización por otros de alta eficiencia. No son solo una apuesta por la sostenibilidad y la reducción de emisiones: bien aprovechadas, permiten recortar de forma significativa las facturas energéticas y frenar el deterioro estructural de inmuebles que, de otra forma, seguirían parcheándose durante años.
En un contexto de energía cara, exigencias climáticas cada vez más duras y población envejecida que depende de su casa como principal activo, dejar que los inmuebles sigan envejeciendo sin plan es aceptar que ese patrimonio se deprecie. Planificar rehabilitaciones, informarse de las ayudas disponibles y tomarse en serio el mantenimiento deja de ser un lujo para convertirse en una necesidad si no queremos que miles de edificios pasen, en pocos años, de ser un salvavidas familiar a un peso muerto difícil de gestionar.
