Extremadura lleva años presentándose al mundo como tierra de jamón, aceite y cerezas, pero su producto exportado de mayor valor sigue siendo mucho menos fotogénico: la hoja de tabaco. Ahora, una propuesta de la Comisión Europea para endurecer la fiscalidad sobre todos los productos de nicotina —también los considerados de menor riesgo— amenaza con golpear de lleno a una región que produce el 98% del tabaco español y es referencia en Europa. El mensaje que llega desde Bruselas inquieta a los agricultores: si la hoja deja de ser rentable, el “seguro de vida” de muchas explotaciones puede convertirse en un peso muerto.
La reforma que está sobre la mesa plantea un salto histórico en los impuestos especiales: un 140% más para los cigarrillos, un 260% para el tabaco de liar y subidas muy fuertes para productos sin combustión como el tabaco calentado, los cigarrillos electrónicos o las bolsitas de nicotina. La filosofía oficial es clara: encarecer el consumo de nicotina en casi todas sus formas, en línea con los objetivos de salud pública y las estrategias europeas contra el cáncer. El problema, denuncian expertos y sector, es que el borrador no distingue prácticamente entre los productos que se queman y los que no, pese a que no todos presentan el mismo nivel de riesgo para la salud.
Reducción de daños y el “café para todos”
De ahí la carta abierta que 83 especialistas internacionales en salud pública y reducción de daños han dirigido a Ursula von der Leyen. El texto pide que la Unión Europea deje de aplicar una especie de “café para todos” fiscal al tabaco y a la nicotina. Su argumento central es que los productos no combustibles —vapeadores, tabaco calentado, bolsitas de nicotina— han ayudado a muchos fumadores a abandonar el cigarrillo tradicional y, por tanto, deberían tener un trato diferenciado. Si el precio se dispara hasta equipararse al tabaco convencional, sostienen, se desincentiva el cambio hacia alternativas menos dañinas y se pierde una herramienta útil para reducir enfermedad y mortalidad asociadas al humo.
La carta pone ejemplos muy concretos. Suecia, donde el uso de snus y bolsitas de nicotina está muy extendido, ha logrado situar el consumo diario de tabaco por debajo del 5% y presenta tasas de cáncer un 40% más bajas que la media comunitaria pese a tener niveles de consumo de nicotina similares. En el Reino Unido, el impulso decidido del vapeo como sustituto del cigarrillo ha acompañado una caída del tabaquismo del 17% al 12% en cinco años. En Nueva Zelanda, el porcentaje de fumadores diarios se ha reducido a la mitad en poco más de una década mientras el vapeo se disparaba. Para los firmantes, estos casos prueban que gravar igual todo lo que contenga nicotina ignora la evidencia y puede empujar de nuevo a parte de los consumidores hacia el cigarrillo de siempre.
Economía, impuestos y el mercado ilícito
Sobre la mesa no sólo está la salud pública; también la economía. El complejo del tabaco aporta, según las estimaciones que manejan las organizaciones firmantes, unos 224.000 millones de euros al PIB de la UE, da trabajo —directo e indirecto— a más de dos millones de personas y genera alrededor de 113.000 millones en impuestos cada año. Una subida brusca y homogénea de la fiscalidad, alertan, podría hacer caer la demanda legal, disparar el comercio ilícito y, paradójicamente, recortar la recaudación. El mercado negro de tabaco ya le cuesta a los gobiernos europeos unos 17.000 millones anuales en ingresos perdidos; endurecer demasiados tornillos a la vez puede agrandar ese agujero.
En Extremadura, todo este debate se traduce en rostros muy concretos. La región, líder europea en producción de hoja, sostiene alrededor de 20.000 familias y más de 80 millones de euros en exportaciones gracias al tabaco. El tabaco calentado se había convertido en una especie de salvavidas para el cultivo, una vía para seguir vendiendo hoja en un contexto de caída del cigarrillo clásico. La reforma fiscal amenaza ahora con hundir esa tabla de salvación: si los productos “alternativos” pasan a ser casi tan caros como el cigarrillo, la demanda puede resentirse y arrastrar consigo a quienes cultivan y transforman la materia prima. El sector calcula que hasta 61.500 empleos directos e indirectos en toda España podrían verse comprometidos si la cadena empieza a romperse por la base.
