Hace unos días, en una calle cualquiera de Londres, un hombre caminaba sin prestar atención a lo que tenía alrededor. Tampoco imaginaba que, en ese instante, una cámara estaba leyendo su rostro al detalle. Mientras avanzaba unos metros más, un sistema automatizado comparaba sus rasgos con una base de datos policial, lanzaba una alerta y activaba el protocolo. Minutos después, ya estaba Londres, conocida como la “ciudad vigilada”, cuenta con cientos de miles de cámaras que monitorean las calles. En los últimos años, se ha implementado un sistema de reconocimiento facial en tiempo real para localizar a personas buscadas por la policía.
Este sistema ha facilitado alrededor de 2500 detenciones desde principios de 2024, muchas de ellas relacionadas con delitos violentos y sexuales contra mujeres y menores. Durante el mismo periodo, se analizaron más de tres millones de rostros, con solo una decena de falsos positivos. En pruebas como la realizada en Croydon, se escanearon cientos de miles de transeúntes con un único error, y la policía afirma que la criminalidad disminuyó más del 10%.
Europa se enfrenta a China: el Reino Unido escanea las caras de millones de ciudadanos diariamente, planteando preocupaciones sobre la privacidad para 2026
El sistema funciona de manera relativamente sencilla. Las cámaras con reconocimiento facial analizan miles de rostros por hora y envían la información a un centro de control. Allí, un sistema de inteligencia artificial desarrollado por la empresa japonesa NEC compara los datos con una base policial que contiene decenas de miles de perfiles. Si se encuentra una coincidencia, se emite una alerta a los agentes cercanos, quienes proceden a intervenir.
No todos consideran este avance como incuestionable. Organizaciones como Big Brother Watch llevan años denunciando el riesgo de normalizar la vigilancia masiva en espacios públicos, llegando a calificar esta tecnología como “orwelliana”. Cuestionan la narrativa oficial sobre su eficacia, señalando que detrás de las cifras de detenciones se esconde un despliegue considerable de recursos y una transformación profunda del modelo policial.
La polémica se intensificó tras su uso en una protesta en Londres, lo que llevó a Big Brother Watch a los tribunales. Para añadir más leña al fuego, el Tribunal Superior avaló la legalidad del sistema, reforzando su continuidad y posible expansión. En el otro lado del debate, responsables policiales como Lindsey Chiswick defienden la tecnología como una herramienta “revolucionaria” y segura.
Aseguran que los datos de quienes no están en las listas se eliminan de inmediato y descartan sesgos relevantes en el algoritmo. Además, afirman que el respaldo ciudadano supera ampliamente el 80%, consolidando así una tecnología que, guste o no, ya forma parte del paisaje urbano londinense.
