Nueva York ha dado un giro importante en su política sobre los medios de pago al reforzar la vigencia del dinero en efectivo. Desde el 21 de marzo, una nueva ley estatal exige que todos los comercios, restaurantes y establecimientos de venta presencial acepten pagos en metálico.
Esta normativa marca un cambio importante y bastante notorio en el modelo de negocio de muchos locales, ya que prohíbe operar exclusivamente con tarjetas o plataformas digitales como PayPal, cada vez más utilizadas en Estados Unidos.
El objetivo principal de esta decisión es proteger a los ciudadanos sin acceso a servicios bancarios o medios de pago electrónicos, evitando que queden excluidos de la compra de bienes esenciales por no disponer de tarjeta o cuenta digital.
Estados Unidos impone una normativa que obliga a comercios y restaurantes a aceptar pagos en efectivo, una medida que contrasta con la tendencia de España hacia la digitalización de los pagos
La ley se aplica a todo el estado de Nueva York, incluyendo tiendas, supermercados, restaurantes, locales de ocio y cualquier establecimiento donde se realicen ventas presenciales.
A partir de su entrada en vigor, estos negocios no pueden rechazar el efectivo ni imponer sistemas de pago exclusivamente digitales. Tampoco pueden cobrar recargos ni aplicar precios diferentes según el método de pago elegido por el cliente. El incumplimiento de esta normativa puede acarrear sanciones económicas. Las multas ascienden a 1000 dólares (unos 872 euros) por la primera infracción y pueden llegar a los 1500 dólares (alrededor de 1300 euros) en caso de reincidencia.
Existen ciertas excepciones. Los establecimientos no están obligados a aceptar billetes superiores a 20 dólares ni a permitir pagos en efectivo en compras realizadas por internet, teléfono o correo. Además, quedan exentos aquellos locales que dispongan de sistemas para convertir el efectivo en tarjetas prepago dentro del propio establecimiento.
La medida busca evitar la exclusión financiera de los colectivos más vulnerables, especialmente aquellos sin cuenta bancaria o con acceso limitado a medios digitales. De este modo, se pretende garantizar que el acceso a productos básicos como alimentos, ropa o artículos de primera necesidad no dependa del método de pago disponible. La fiscal general del estado, Letitia James, ha reiterado su compromiso de hacer cumplir la ley: “No dudaré en hacerla cumplir para proteger a los consumidores de todo el estado”.
