La Agencia Española de Protección de Datos publicó hace unos días sus políticas internas para el uso responsable de inteligencia artificial, convirtiéndose en la primera institución pública española en establecer normas transparentes sobre cómo usar estas tecnologías. El documento completo ya está disponible para su consulta pública y marca un precedente histórico en Europa. La AEPD especifica exactamente qué pueden y qué no pueden hacer sus empleados con herramientas de IA generativa como ChatGPT o Gemini cuando manejan información sensible de los ciudadanos.
Las normas publicadas establecen límites claros. Los trabajadores de la AEPD pueden usar IA para tareas generales como escribir correos o resumir documentos públicos, pero tienen prohibido introducir datos personales o confidenciales en ningún sistema de inteligencia artificial. La agencia deja claro que cualquier información que identifique a personas concretas, expedientes en curso o detalles de investigaciones no puede ser procesada por estas tecnologías.
El objetivo es proteger la privacidad de los ciudadanos mientras se aprovechan las ventajas de la automatización. Mar España, directora de la AEPD, explicó en declaraciones recientes que "la transparencia debe ser fundamental" cuando las instituciones públicas usen la inteligencia artificial. Según la responsable, estas políticas internas se publicaron precisamente para dar ejemplo al resto del sector público español y mostrar que es posible aprovechar la IA sin comprometer la seguridad de la información.
Instituciones públicas europeas estudian copiar el modelo español tras confirmar que protege los datos sin frenar la innovación tecnológica
El documento incluye protocolos específicos de seguridad que los empleados deben seguir cada vez que usan la IA. Por ejemplo, todos los textos generados por estas herramientas deben ser revisados por humanos antes de cualquier publicación oficial. La AEPD también establece que ninguna decisión administrativa puede basarse únicamente en resultados de la IA sin una supervisión humana directa. Estas medidas garantizan que la tecnología actúe como asistente, no como sustituto del criterio profesional de los funcionarios públicos.
