Estados Unidos lleva décadas inmerso en un intenso debate sobre el control de las armas de fuego. Aunque la posesión de armamento está protegida por la Segunda Enmienda de la Constitución, la facilidad para acceder a él sigue siendo uno de los asuntos más controvertidos del país. Solo en 2024, la violencia armada dejó cerca de 44.000 fallecidos, una cifra que mantiene vivo el enfrentamiento entre quienes reclaman mayores restricciones y quienes defienden el derecho a portar armas.
Ni siquiera los sucesivos intentos de asesinato contra Donald Trump han alterado la postura de la actual Administración. El más reciente, ocurrido en abril de 2026, volvió a poner el foco sobre la facilidad con la que un ciudadano puede adquirir armamento de forma legal. Según trascendió, el atacante, Cole Tomas Allen, trató de irrumpir armado en la tradicional cena de corresponsales celebrada en la Casa Blanca con una escopeta y una pistola semiautomática compradas legalmente en California.
El ‘Amazon de las armas’ se ha convertido en una realidad, y se perfila como el próximo gran éxito del comercio electrónico, gracias al apoyo de Donald Trump
Lejos de impulsar un endurecimiento de la legislación, el Gobierno estadounidense estudia ahora una reforma que iría precisamente en la dirección contraria: permitir que las armas adquiridas por internet puedan enviarse directamente al domicilio del comprador.
La normativa vigente obliga a que el comprador recoja el arma en un establecimiento autorizado, donde se completa la verificación de identidad y el resto de comprobaciones exigidas por la ley. La propuesta de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) eliminaría ese paso presencial.
En su lugar, bastaría con realizar las comprobaciones de identidad y antecedentes por vía telemática y esperar el periodo de autorización, fijado en siete días, para recibir el arma directamente en casa. De salir adelante, supondría uno de los cambios más importantes en la regulación del mercado armamentístico estadounidense de los últimos años y facilitaría el crecimiento de las ventas por internet.
Entre las compañías que podrían sacar mayor partido a esta modificación figura GrabAGun, una de las mayores plataformas de venta de armas online de Estados Unidos, conocida popularmente como el "Amazon de las armas".
La empresa dio el salto a bolsa el año pasado con el respaldo de Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente, que forma parte de su consejo de administración y posee más de 300.000 acciones de la compañía. Diversos análisis financieros apuntan a que la autorización de los envíos a domicilio podría generar alrededor de 100 millones de dólares adicionales para el negocio, situándolo en una posición privilegiada dentro del mercado.
Ante las críticas por un posible conflicto de intereses, un portavoz de Donald Trump Jr. aseguró que el empresario no tenía conocimiento previo de la propuesta impulsada por la ATF. No obstante, el verano pasado defendió públicamente una medida similar durante una entrevista en Fox News, donde argumentó que "la gente compra todo por internet" y que el sector de las armas no debía ser una excepción.
Los cálculos de la propia ATF estiman que más de tres millones de estadounidenses optarían por recibir sus armas directamente en casa si la reforma entra en vigor. La cifra podría aumentar con el paso del tiempo, impulsando todavía más un mercado que ya mueve miles de millones de dólares cada año.
La agencia sostiene que el cambio reduciría costes logísticos para consumidores y vendedores y modernizaría el funcionamiento de la industria. Sin embargo, organizaciones especializadas en prevención de la violencia armada advierten de que eliminar el paso obligatorio por una armería física reduciría una capa adicional de supervisión y podría facilitar compras fraudulentas o desviar armas hacia el mercado ilegal.
La propuesta continúa actualmente en fase de consulta pública y, si supera el proceso administrativo, podría recibir la aprobación definitiva a finales de 2026 o durante los primeros meses de 2027. Su posible entrada en vigor promete reabrir uno de los debates más polarizados de Estados Unidos: hasta dónde debe llegar el derecho a portar armas y cuál es el precio que la sociedad está dispuesta a asumir por ello.
