El dinero en efectivo se está convirtiendo en un vestigio del pasado para los consumidores. La comodidad de los pagos digitales, ya sea mediante tarjeta o móvil, ha relegado al billete a un papel casi anecdótico. Pero a partir del 1 de enero de 2026, Hacienda dará un paso más en su control sobre los movimientos de dinero, centrando la atención en los pagos realizados con tarjetas bancarias.
El Gobierno advierte: gastos con tarjeta superiores a 25.000 € al año obligarán a entregar a Hacienda información más allá del PIN
Según la nueva normativa, cualquier tarjeta que registre gastos superiores a 25.000 euros anuales obligará a la entidad financiera a remitir a Hacienda una declaración informativa detallada. La medida, recogida en el Real Decreto 253/2025, busca aumentar la transparencia de las operaciones de cierta envergadura y facilitar la detección de posibles fraudes. Además, los pagos individuales que superen los 25.000 euros también deberán ser reportados, consolidando un control fiscal más riguroso.
Hasta ahora, la obligación de notificar pagos afectaba solo a profesionales y empresas, y para importes superiores a 3000 euros anuales, incluyendo plataformas como Bizum. La nueva regulación amplía este marco a todos los pagos con tarjeta, tanto en comercios físicos como online, así como a pagos móviles asociados a un número de teléfono, independientemente de si se trata de débito, crédito o dinero electrónico.
Se establecen diferencias según el perfil del titular: los autónomos y empresas deberán informar todas sus operaciones con tarjeta, sin límite mínimo, aumentando significativamente la trazabilidad de los movimientos comerciales. En cambio, los consumidores particulares solo estarán bajo vigilancia fiscal si superan el umbral de 25.000 euros anuales.
Las entidades deberán notificar datos completos: número de contrato, identificación de titulares y beneficiarios, número y tipo de tarjeta, movimientos de gasto y efectivo, así como la cuenta bancaria vinculada. Con estas medidas, Hacienda refuerza su control en un contexto donde los pagos digitales dominan, marcando un antes y un después en la fiscalización del dinero en España.
