Estados Unidos ha decidido darle mucho más peso a la salud en su política migratoria, y eso puede cambiar por completo el mapa de quién consigue una visa y quién no. Una nueva directriz del Departamento de Estado amplía el margen de maniobra de los funcionarios consulares para evaluar el historial médico de los solicitantes y usarlo como motivo de denegación, más allá de las clásicas enfermedades contagiosas o la falta de vacunación.
En la práctica, la salud deja de ser un simple requisito técnico para convertirse en un filtro decisivo, al mismo nivel que la situación económica o los vínculos familiares.
El giro se apoya en una herramienta jurídica que ya existía, pero que ahora se interpreta de forma mucho más estricta: la regla de “carga pública” de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Hasta ahora se utilizaba principalmente para valorar si un solicitante podía acabar dependiendo de ayudas estatales por falta de ingresos. Con la nueva orientación, ese mismo argumento se extiende a las patologías crónicas o graves: obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares o respiratorias, trastornos neurológicos y problemas de salud mental pasan a ser factores de riesgo si las autoridades consideran que podrían generar altos costes sanitarios a largo plazo.
De la salud pública al coste sanitario
Eso significa que la evaluación ya no se limita a detectar si alguien supone un peligro para la salud pública, sino a estimar cuánto podría “costar” al sistema. Los consulados deberán valorar el cuadro completo: diagnóstico médico, necesidad previsible de tratamiento, acceso a seguro privado, capacidad económica del solicitante, edad y nivel de estudios. Un paciente con una enfermedad crónica, pero con recursos suficientes, seguro médico robusto y una oferta laboral sólida, podría superar el filtro. Otro con el mismo diagnóstico pero sin respaldo económico ni plan sanitario claro tendría muchas más papeletas de quedarse fuera.
La medida abre un frente de preocupación entre abogados de inmigración y organizaciones de derechos civiles, que alertan de un posible efecto discriminatorio contra colectivos con mayor prevalencia de patologías crónicas o procedentes de países con sistemas sanitarios más débiles. Temen, además, que el amplio margen de discrecionalidad dado a los funcionarios consulares genere decisiones desiguales según el consulado, el país de origen o incluso la interpretación personal del agente que estudie cada caso, incrementando la incertidumbre para millones de personas que aspiran a una visa de turista, estudiante, trabajo o residencia.
Autosuficiencia como criterio de entrada
Al mismo tiempo, el Gobierno defiende que no se trata de una “caza de enfermos”, sino de una política preventiva para proteger la sostenibilidad de los servicios públicos y evitar que los contribuyentes asuman el coste de tratamientos caros para personas que llegan sin cobertura ni medios. El mensaje implícito es claro: Estados Unidos quiere atraer inmigración “autosuficiente”, capaz de pagarse un seguro privado y mantener estabilidad económica incluso ante problemas de salud, y está dispuesto a cerrar la puerta a quien no pueda demostrarlo de forma convincente.
Para quienes planean solicitar una visa, este nuevo enfoque convierte el historial médico en una pieza central del expediente, casi tan importante como los extractos bancarios o la carta de invitación. En un contexto de endurecimiento general de las políticas migratorias, la salud deja de ser un dato accesorio y se consolida como un nuevo filtro silencioso que separará, aún más, a quienes pueden entrar de quienes se quedarán mirando la frontera desde fuera.
