El debate sobre la convivencia con mascotas en comunidades de propietarios sigue candente. La reciente Ley de Bienestar Animal ha generado la idea de que prohibir animales en edificios residenciales podría ser ilegal. Sin embargo, un juzgado de Vigo ha desmentido esta interpretación.
En diciembre, un juzgado rechazó la demanda de un vecino que buscaba anular un acuerdo comunitario que prohibía tener animales en el inmueble. El juez determinó que la comunidad actuó conforme a derecho y que la restricción no vulneraba ninguna normativa vigente.
La Justicia lo confirma: tu comunidad de vecinos puede prohibirte tener perro en casa
El demandante argumentó que la medida contradecía la Ley de Bienestar Animal y debía ser eliminada. Sin embargo, su argumento no prosperó. La clave del caso residía en los estatutos. La comunidad demostró que la prohibición no era reciente: se aprobó por unanimidad en 2010 y se incorporó oficialmente un año después. No se trataba de una nueva limitación, sino de una norma existente y válida.
El juez también destacó que el propietario adquirió el perro en agosto de 2023, cuando ya residía en el edificio y conocía la restricción. Por lo tanto, no podía alegar desconocimiento ni sorpresa ante su aplicación. La resolución también respalda el fondo de la medida. Según el fallo, la prohibición responde a “razones legítimas de convivencia” y no a un acto arbitrario o discriminatorio. La comunidad justificó su decisión en problemas graves ocurridos años atrás, cuando varios perros en una misma vivienda generaron conflictos entre vecinos.
La Justicia ha confirmado la validez de los estatutos cuando se aprueban correctamente y son conocidos por los propietarios. La sentencia establece claramente que no hay abuso de derecho, sino la aplicación de una norma vigente. Es decir, el fallo refuerza la importancia jurídica de las reglas internas en el régimen de propiedad horizontal y deja un mensaje contundente: la Ley de Bienestar Animal no anula automáticamente las prohibiciones existentes. Si están bien fundamentadas y aprobadas por unanimidad, pueden seguir siendo perfectamente legales.
