Un ejemplar de yacaré overo (Caiman latirostris), un pariente directo del cocodrilo y originario de Sudamérica, fue localizado nadando entre bañistas en un embalse de Albacete, en Castilla-La Mancha. El animal, un juvenil de casi un metro de longitud, fue avistado por un grupo de adolescentes, lo que activó un rápido operativo del SEPRONA y personal experto en fauna salvaje para su captura. La escena, más propia de un documental de National Geographic que de una zona de baño española, culminó con la recuperación del reptil sin heridos.
Un animal que llega a tener un tamaño considerable
El Caiman latirostris es una especie protegida por el convenio CITES, que regula el comercio internacional de animales en peligro. Este cocodrilo de agua dulce es ágil, carnívoro y puede alcanzar hasta tres metros de largo en edad adulta. Se alimenta de peces, aves y pequeños mamíferos, lo que lo convierte en una amenaza para los ecosistemas locales si es liberado fuera de su entorno natural. Además, su adaptación a ambientes cálidos y húmedos plantea un riesgo potencial de asentamiento en zonas como los embalses ibéricos.
Las autoridades sospechan que este ejemplar fue adquirido de forma ilegal como mascota exótica y liberado cuando su tamaño dejó de ser manejable. Este tipo de incidentes, aunque llamativos, no son infrecuentes: plataformas como TRAFFIC y WWF llevan años denunciando el auge del tráfico de fauna exótica en Europa. El deseo de poseer animales “únicos” ha alimentado un mercado negro que incluye desde serpientes hasta cocodrilos, muchos de ellos adquiridos sin conocimiento de sus necesidades o riesgos.
El caso ha reabierto el debate sobre la regulación y control del comercio de mascotas exóticas. Aunque España cuenta con una normativa que prohíbe o limita la tenencia de ciertas especies, la compraventa a través de internet sigue dificultando la trazabilidad y el control efectivo. La Guardia Civil ha iniciado una investigación para dar con el responsable, que podría enfrentarse a sanciones de hasta 200.000 euros y cargos penales por un delito ecológico, según el artículo 334 del Código Penal.
