Malta ha puesto sobre la mesa una de esas ideas que, a simple vista, parecen más propias de un experimento sociológico que de una política de movilidad: pagar hasta 25.000 euros a jóvenes conductores para que entreguen su carné durante cinco años. La medida existe, está en marcha desde enero de 2026 y forma parte de una estrategia oficial para reducir el número de personas con permiso activo y, con ello, la presión del tráfico sobre una isla pequeña y saturada. No es una metáfora ni un globo sonda: Transport Malta lo recoge expresamente como un plan para rebajar la circulación en carretera.
El esquema se dirige a residentes en Malta de hasta 30 años, con al menos siete años viviendo allí, que lleven más de doce meses con carné maltés y no tengan otro permiso no europeo. A cambio de renunciar a todas las categorías del permiso durante un lustro, reciben 5.000 euros al año hasta alcanzar esos 25.000, además de transporte público gratuito en ese periodo. Si al cabo de los cinco años quieren volver a conducir, deben pasar 15 horas de clases en una autoescuela autorizada. Es decir, no se trata solo de “guardar” el carné en un cajón, sino de salir realmente del circuito de conducción durante bastante tiempo.
Un incentivo radical frente a un problema estructural
El contexto explica por qué una propuesta tan llamativa ha encontrado hueco político. Malta cerró 2025 con 457.403 vehículos con licencia para circular, una cifra enorme para un país de poco más de medio millón de habitantes. Solo entre octubre y diciembre se sumaron 3.265 vehículos nuevos, lo que dibuja una red viaria cada vez más cargada en un territorio donde ampliar carreteras tiene límites físicos y urbanos muy evidentes. En otras palabras, el Gobierno maltés no está intentando corregir un problema futuro, sino uno que ya considera estructural.
La gran duda está en si el incentivo logrará sacar coches de la carretera o si acabará premiando sobre todo a jóvenes que apenas conducían. Ahí se ha encendido el debate local. Medios malteses han recogido críticas y sospechas de que algunos solicitantes prácticamente no usaban el vehículo, lo que rebajaría el impacto real del plan sobre la congestión. Esa objeción no es menor: una ayuda de este tipo solo funciona de verdad si convence a conductores frecuentes de cambiar hábitos, no si remunera una renuncia casi simbólica.
Una prueba que también abre un debate más amplio
Aun así, el programa ha despertado interés. Times of Malta informó al abrirse las solicitudes de que el sistema funcionaría por orden de llegada, y medios locales aseguraron después que más de un centenar de jóvenes ya habían entregado el permiso. Esa respuesta inicial sugiere que el incentivo económico toca una fibra generacional muy concreta: jóvenes que quizá ven el coche menos como símbolo de libertad que como una carga cara en combustible, seguro, aparcamiento y mantenimiento. En un país con transporte público gratuito desde 2022, el cálculo puede salirle a más de uno.
Lo más interesante del caso maltés es que abre una discusión que va más allá de la isla: qué pasa cuando un gobierno deja de centrarse solo en construir más infraestructuras y empieza a pagar directamente por no usarlas. La medida puede parecer extravagante, pero retrata bastante bien el atasco de fondo de muchas ciudades y países: demasiados coches, poco espacio y soluciones clásicas que ya no bastan.
