Donald Trump ha vuelto a poner patas arriba la política climática de Estados Unidos al ordenar la marcha atrás sobre el pilar técnico-legal que desde 2009 permitía a la Agencia de Protección Ambiental EPA regular gases de efecto invernadero como un riesgo para la salud y el bienestar público. La decisión apunta directamente al llamado endangerment finding (dictamen de peligro), aprobado durante la etapa de Barack Obama y defendido después por Joe Biden, que concluyó que el aumento de concentraciones de seis gases —CO₂, metano, óxido nitroso, HFC, PFC y hexafluoruro de azufre— “pone en peligro” a las generaciones presentes y futuras.
El movimiento no es un ajuste menor: si se desarma ese dictamen, se tensiona la base jurídica que sostiene normas federales sobre emisiones (incluidas las ligadas a vehículos) y se abre una etapa de incertidumbre regulatoria, con potencial cascada de litigios. En su argumentario público, la Casa Blanca y aliados del giro lo venden como un alivio económico y un recorte de costes para consumidores e industria; del otro lado, expertos y organizaciones climáticas lo describen como un intento de “desconectar” la política ambiental de la evidencia científica y de la arquitectura del Clean Air Act.
El dictamen de 2009 y su efecto dominó
El antecedente clave está en 2009. Aquel dictamen no se limitó a declarar “peligrosos” los gases: también estableció que las emisiones combinadas de los vehículos nuevos contribuyen a esa contaminación climática, una pieza que durante años ha servido para apuntalar estándares de eficiencia y límites de emisiones. El nuevo paso político pretende, precisamente, invalidar esa premisa para frenar o revertir el alcance de las regulaciones asociadas.
El gesto encaja, además, con una línea de repliegue internacional que Donald Trump ha acelerado en 2026: un memorando presidencial del 7 de enero ordena retiradas o recortes de apoyo en múltiples marcos y organismos, incluyendo piezas del ecosistema climático multilateral. En conjunto, el mensaje es nítido: menos obligaciones climáticas por diseño, más margen para combustibles fósiles y menos presión regulatoria sobre sectores como el automovilístico.
Dos frentes: procedimiento y tribunales
En la práctica, la batalla real se decidirá en dos frentes. Uno, el administrativo: cómo se formaliza la revocación (procedimiento, justificación científica, periodo de comentarios, etc.) y qué normas quedan en el limbo. Otro, el judicial: cualquier intento de derribar un dictamen tan central invita a recursos en cadena, porque no se discute solo una política, sino el “interruptor” que activó la capacidad federal de regular emisiones por su impacto en salud pública.
