Cada verano, los incendios forestales se convierten en una de las principales amenazas para el patrimonio natural y cultural de España. La ola de calor que atraviesa la península multiplica el riesgo, y enclaves únicos como Las Médulas, en León —un paisaje declarado Patrimonio de la Humanidad por su pasado minero romano— han vuelto a estar en peligro. La recurrencia de estas catástrofes alimenta la necesidad de explicaciones inmediatas, aunque a menudo estas se apoyan más en el imaginario colectivo que en los datos.
El problema no es la construcción de casas
Entre las creencias más extendidas está la idea de que muchos de estos incendios son provocados para recalificar los terrenos y dar vía libre a la construcción. El mito conecta con el trauma colectivo de la burbuja inmobiliaria de principios de siglo y resulta tentador por lo simple: el fuego como antesala del ladrillo. Sin embargo, la legislación vigente impide que esto ocurra.
- La Ley de Montes, en su artículo 50 de la Ley 43/2003, prohíbe expresamente el cambio de uso forestal de terrenos incendiados durante al menos 30 años, junto con cualquier actividad incompatible con su regeneración vegetal, revirtiendo así posibles tentaciones urbanísticas.
- La reforma de 2006 reforzó esta prohibición y marcó excepciones estrictas: solo se permite una recalificación si está respaldada por una ley que contemple “razones imperiosas de interés público de primer orden” o si dicha recalificación ya estaba aprobada antes del incendio.
Estos marcos legales limitan considerablemente la plausibilidad del relato que atribuye los incendios a intereses inmobiliarios.
Datos estadísticos: el mito desmentido
De hecho, los datos desmienten la supuesta relación entre incendios y urbanización.
- Entre 2001 y 2014, apenas el 0,12 % de los incendios forestales recogidos en los partes oficiales mencionaron como posible causa un cambio de uso del suelo, y no se registró ninguna sentencia judicial que confirmase esta motivación.
- Con la reforma legal de 2015, no se ha documentado ni un solo caso de recalificación tras un incendio, a pesar de que España alcanza una media de aproximadamente 13 000 incendios anuales.
- Documentos de verificación y análisis recientes, como en Maldita.es o Newtral, insisten en que incluso ahora esa prohibición continúa en vigor, salvo las excepciones excepcionales ya mencionadas.
La insistencia de expertos, medios y organismos verificados concluye: el fuego no es herramienta de recalificación, sino que el mito persiste como narrativa simplista ante un fenómeno complejo.
Sanciones y criminalización
Las consecuencias penales para quien provoque incendios forestales también están claras:
- Según el Código Penal, quien prenda fuego poniendo en riesgo vidas o integridad física puede enfrentarse a 10‑20 años de cárcel, junto a multas de 12 a 24 meses; si el fuego no compromete vidas, las penas oscilan entre 1 y 5 años, con agravantes si hay daños ambientales graves.
- En 2023, se registraron 402 personas detenidas o investigadas por incendios, del total un 68 % por negligencia y solo el 19 % por intencionalidad, evidenciando que los incendios suelen ser accidentales o fruto de mal manejo, más que actos criminales premeditados.
De hecho, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales calculó que solo un 0,12% de los incendios ocurridos entre 2001 y 2014 pudo tener como posible motivación un cambio en el uso del suelo, y ni siquiera hubo sentencias judiciales que lo confirmaran. La reforma de la Ley de Montes en 2015 cerró aún más las puertas: desde entonces no se ha registrado ningún caso de recalificación tras un fuego.
Los incendios descendieron con una mayor inversión en técnicos y mejora de protocolos de actuación
Entonces, ¿qué motiva a quienes prenden fuego al monte? Los estudios y las estadísticas apuntan a causas mucho más pedestres que la especulación urbanística. La mayoría de incendios intencionados tienen que ver con quemas agrícolas y ganaderas mal gestionadas, limpiezas de rastrojos o prácticas ligadas al uso tradicional del territorio. Solo un pequeño porcentaje responde a actos de vandalismo o problemas psiquiátricos. Cuando a estas conductas se suma el abandono rural y el cambio climático, el resultado es una tormenta perfecta para que las llamas se propaguen sin control.
De hecho, en 2022, España fue el país de la UE con más incendios y superficie quemada: 315 705 hectáreas, una extensión mayor que toda la provincia de Álava. Sin embargo, los datos a largo plazo no muestran una tendencia de aumento sostenido, aunque el cambio climático sí altera los patrones y la intensidad de los incendios.
A finales de los años 90, se observó un descenso en el número de siniestros y superficie quemada, resultado de mejoras en estrategias, protocolos, inversión en medios técnicos y experiencia acumulada. La realidad, más compleja, habla de un territorio cada vez más vulnerable por la despoblación, la falta de gestión forestal y la intensificación de fenómenos extremos.
