Un alto cargo del Gobierno chino ha defendido la legitimidad de China para actuar contra personas fuera de sus fronteras que incumplan la nueva ley de unidad étnica. Argumenta que estas medidas se ajustan a la práctica habitual de otros Estados y responden a criterios de legalidad, necesidad y coherencia internacional.
China cambia las normas: su legislación de unidad étnica incluye la persecución de personas fuera del país
Aprobada en marzo, la ley busca reforzar la identidad nacional común entre los 55 grupos étnicos minoritarios de China, incluyendo comunidades como los tibetanos y los uigures, históricamente marcadas por tensiones y protestas, algunas violentas.
La ley, que entra en vigor el 1 de julio, incluye un punto controvertido: personas y organizaciones fuera del país pueden ser consideradas responsables si se les acusa de dañar la “unidad étnica” o fomentar el separatismo. Esto ha generado preocupación internacional, interpretándose como una posible base legal para extender la acción del Estado más allá de su jurisdicción.
El debate ha tenido especial eco en Taiwán, donde se teme que esta disposición persiga a ciudadanos taiwaneses considerados separatistas por Pekín. Ante las críticas, el viceministro de Justicia, Hu Weilie, ha denunciado la “malinterpretación y distorsión” del alcance de la ley por parte de algunos medios occidentales. Insiste en que la medida se basa en las circunstancias internas del país y “se ajusta a los principios jurídicos y a la práctica internacional”, calificándola de “legítima, necesaria y viable”.
El funcionario también ha defendido el derecho de todos los Estados a proteger su estabilidad interna frente a movimientos separatistas mediante su legislación. Al mismo tiempo, ha subrayado que la norma no debería interferir en los intercambios culturales, académicos o económicos entre China y el resto del mundo.
