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Rusia bloquea WhatsApp en todo su territorio a más de 100 millones de usuarios para empujarlos a utilizar una app estatal

Rusia no solo cambia de app: consolida un entorno donde la comunicación cotidiana se vuelve más rastreable, más frágil y más fácil de cortar a voluntad, justo la lógica que subyace a la Runet y a cualquier proyecto de soberanía digital entendida como control.

En Rusia, el bloqueo de WhatsApp ha pasado de ser una molestia intermitente a una decisión reconocida por el poder: usuarios que ven cómo se caen llamadas, mensajes que aparecen con horas de retraso y una dependencia creciente de las VPN como "muleta" cotidiana. La compañía sostiene que las autoridades han intentado un bloqueo total y lo interpreta como una maniobra para empujar a millones de personas hacia MAX, la alternativa impulsada desde el Estado.

El mecanismo técnico que se ha puesto sobre la mesa es más quirúrgico que un simple "apagón": la retirada de dominios del sistema nacional de DNS bajo control de Roskomnadzor, una arquitectura que encaja con la estrategia de "internet soberana" que Kremlin lleva años reforzando para centralizar el tráfico y aumentar su capacidad de filtrado. El resultado práctico es que, sin herramientas de elusión, el servicio queda degradado o directamente inaccesible para buena parte de la población.

Un control que se vuelve infraestructura

La presión no se limita al mensajero de Meta: Telegram también ha sido objeto de restricciones graduales y advertencias oficiales, dentro del mismo guion de control: se invocan motivos como fraude, "seguridad" o cumplimiento normativo, pero el efecto acumulado es el mismo—hacer más costoso usar canales no domesticados y normalizar la idea de que lo "fiable" es lo que puede supervisarse. En paralelo, el ecosistema de VPN vuelve a convertirse en campo de batalla, con bloqueos y contramedidas que complican sostener una conexión estable.

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En el plano político, el mensaje es de manual: si la empresa cumple "la ley", habrá espacio para hablar; si no, no. Lo verbalizó Dmitri Peskov, que deja caer la llave del candado en un solo requisito: cooperación operativa con el Estado. Para una plataforma cuyo argumento central es el cifrado extremo a extremo, esa exigencia equivale a cambiar la naturaleza del producto, y por eso la compañía denuncia que el objetivo real es conducir a los usuarios hacia un servicio estatal más "permeable" a la vigilancia.

El precedente y el momento

La historia encaja con una cronología más larga: desde 2022, Meta figura como organización "extremista" en Rusia y varias de sus plataformas ya fueron vetadas, un precedente que ayuda a explicar por qué este movimiento se percibe como la fase siguiente, no como un episodio aislado. Lo relevante ahora es el momento: el bloqueo llega cuando el Gobierno intensifica la narrativa de control digital y cuando se empuja la adopción de servicios nacionales con promesa de comodidad… a costa de privacidad y autonomía comunicativa.