El Gobierno británico (país del continente europeo, que no de la Unión Europea) se ha metido en un buen lío tecnológico: acaba de gastar más de 300 millones de libras en "modernizar" su parque informático… instalando un sistema operativo que Microsoft ya ha jubilado. El Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra) ha presumido de haber dejado atrás Windows 7, pero la alternativa elegida ha desconcertado a muchos expertos: el dinero se ha ido a desplegar Windows 10, un sistema que perdió el soporte estándar el pasado 14 de octubre de 2025.
Según la documentación enviada por el propio Defra al Parlamento, el programa de actualización, valorado en 312 millones de libras, permitió retirar 31.500 portátiles con Windows 7, migrar 137 aplicaciones heredadas a infraestructuras más modernas y cerrar uno de sus centros de datos, con el compromiso de desmantelar otros tres. De paso, el departamento asegura haber corregido más de 49.000 vulnerabilidades críticas que afectaban a sistemas antiguos, un paso necesario para reducir el riesgo de ciberataques a servicios clave.
Una modernización con fecha de caducidad
El problema es que el "nuevo" sistema operativo también está en la recta final de su vida útil. Microsoft ha dejado de ofrecer actualizaciones regulares para Windows 10 y solo mantiene un programa de Extended Security Updates (ESU), una especie de seguro de vida que prolonga los parches de seguridad hasta el 13 de octubre de 2026 a cambio de una suscripción anual. Es decir, el Gobierno británico ha invertido una suma gigantesca en un sistema que, en el mejor de los casos, tiene menos de un año de "vida protegida" antes de volver a quedar obsoleto si no se vuelve a migrar.
Para colmo, la operación está incompleta. Pese al esfuerzo y al presupuesto, el propio Defra admite que aún tiene unos 24.000 dispositivos y 26.000 smartphones pendientes de sustitución, muchos de ellos tan antiguos que ni siquiera pueden ejecutar con solvencia Windows 10, y mucho menos cumplir con los requisitos de hardware de Windows 11. Para los analistas consultados por medios como The Register o Windows Central, el resultado se parece más a una maniobra de contención —comprar tiempo para salir del apuro— que a una modernización real y sostenible.
El laberinto de los sistemas heredados
El caso también pone sobre la mesa un problema de fondo que no es exclusivo del Reino Unido: la dependencia de aplicaciones críticas que solo funcionan en sistemas viejos y la dificultad de los gobiernos para encajar ciclos tecnológicos cada vez más cortos en presupuestos que se planifican a varios años vista. Migrar a nubes públicas, escritorios virtuales o incluso a otros sistemas operativos son alternativas sobre la mesa, pero exigen algo más que dinero: requieren reescribir software, reforzar equipos internos y asumir cambios profundos en la forma de gestionar los servicios públicos digitales.