La fiebre del oro es una minucia en comparación al deseo que despierta el coltán, un mineral más valioso que el petróleo y cuya presencia en el planeta es muy escasa. Ese mineral metálico, apenas está presente en la Tierra, se compone de colombita y tantalita, dos de los minerales que se utilizan en la fabricación de determinados componentes para los dispositivos electrónicos actuales como los smartphones. Del coltán se extrae la preciada tantalita y de ésta el llamado tantalio, un metal refractario capaz de resistir la corrosión, siendo además especialmente maleable e inerte a multitud de compuestos orgánicos y sintéticos. En un mundo en el que los teléfonos móviles deben ser más rápidos, potentes y ligeros, y en el que el consumo y el uso de los mismos se ha disparado, las grandes compañías electrónicas han decidido apostar por este material, disparando su demanda.
Lo que muy pocos saben es que, el interior de nuestro teléfono móvil de última generación, se ha construido en parte gracias a la esclavitud, la explotación ilegal de recursos naturales o como destacan algunas organizaciones no gubernamentales, a la mano de obra infantil. El coltán, junto a otros minerales más conocidos como el estaño o el cobalto, ha modificado la manera en la que se desarrollan los conflictos bélicos en países como el Congo, en el que apenas un 3% de estas minas de extracción son oficiales y cumplen con los requisitos.
El coltán: escaso y preciado
En los últimos años, la demanda de coltán ha aumentado exponencialmente. Como os hemos relatado, se trata de un recurso preciado y escaso, y en la Tierra, la República Democrática de Congo posee cerca del 80% de las reservas mundiales conocidas -aunque hay análisis que hablan de otras reservas no catalogadas igualmente importantes en países como Canadá o Brasil- . En estos momentos, se calcula que la extracción de cada kilo estaría matando a dos personas en el Congo, y que mientras las democracias y empresas asiáticas y occidentales reclaman más del mismo, hasta 120 grupos armados se lucran de las minas levantadas al su alrededor. Con el dinero que reciben de corporaciones y países de todo el globo, estos grupos armados se financian para conseguir nuevas armas, equipos y reclutas, que son enviados a los pueblos vecinos para violar, masacrar poblaciones civiles y adoctrinar a nuevas generaciones con las que seguir perpetuando el ciclo de la violencia en la zona. El Congo lleva décadas sumido en una situación bélica constante, y el deseado mineral ha sido la gota que colma el vaso.
Las condiciones de una mina ilegal son dantescas, y según los informes de varios observadores internacionales, rozan la esclavitud. Estaríamos hablando de jornadas laborales de más de 14 horas, en las que los trabajadores apenas recibirían un euro por día. Estos mineros, sin formación ni medidas de seguridad alguna, extraen y portan el mineral de un lado a otro bajo la atenta mirada de soldados armados con rifles y varas de madera, que usan para azuzar a los rezagados. En este escenario, las mujeres y los niños son especialmente codiciados, ya que por su tamaño y su flexibilidad, son ideales para acceder a las partes de más difícil acceso de los túneles más profundos. Medios como El independiente informan que, en base a los datos de UNICEF, en el Congo habría más de 40.000 menores trabajando en este tipo de minas ilegales. Trabajar para muchos es la única salida en un día a día terrible en una región azotada por la guerra y la miseria, pero lo más duro de todo es que este tipo de jornadas laborales pueden suponer una muerte segura.
En las minas más conocidas o grandes, en casi todas las jornadas se producen accidentales laborales, con cifras que llegan a un fallecido diario. Si a eso le sumamos las condiciones climáticas, con lluvias extremas y derrumbes constantes por las precarias instalaciones de los túneles en los que se encaminan a una muerte segura. Si alguien fenece en el interior de la mina o acaba ahogándose por el agua, no se para el trabajo. La situación es tal, que muchos mineros y trabajadores se guían y orientan por la cantidad de muertos que hay en los túneles bajo tierra, alegando a que es lo más parecido a trabajar en una fosa común que no para de crecer. Aunque el gobierno congoleño y las Naciones Unidas luchan por cerrar y ahogar económicamente este tipo de minas ilegales, clasificadas como rojas, los grupos rebeldes siguen recibiendo la demanda del coltán proveniente de intermediarios que, a su vez, hacen tratos con las empresas tecnológicas. Controladas por grupos rebeldes, estas minas rojas son la mayoría en el país. De las 5000 minas declaradas en el Congo, únicamente 140 minas, apenas un 3% del total, cumplen los requisitos oficiales laborales impuestos por Naciones Unidas.
Las empresas tecnológicas compran el mineral, pero desconocen su procedencia
Según los últimos cálculos, la cotización del kilo de tantalio -ya separado del coltán-, asciende a unos 120 dólares en el mercado internacional, aunque el precio sube y baja en función de la demanda y el índice de consumo. Y eso, claro está, hablando de que se cumplen los requisitos de trazabilidad y que se han cumplido las garantías laborales. Desgraciadamente, muchas minas ilegales usan canales alternativos para lavar y vestir sus extracciones como oficiales, impidiendo que se sepa el origen real de cada kilogramo que se vende para las empresas occidentales y asiáticas. En definitiva: no existen controles fiables. La ruta del ‘oro azul’ pasa por Ruanda, país vecino del Congo, en el que intermediarios y mercaderes mueven el minera, negocian a su vez con terceros y distribuyen la carga a refinerías afincadas en la zona que ya comienzan a extraer los recursos necesarios para la fabricación de componentes electrónicos, que van desde baterías y procesadores a lentes de cámaras de última generación.
Países como la citada Ruanda y la vecina Uganda han estado lucrándose durante décadas con un mineral que no es suyo, buscando interferir en el Congo con grupos armados -se dice que gran parte de los mismos están financiados con dinero de Ruanda-, subir el precio del preciado recurso de forma artificial y vendérselo, ya inflado, a las grandes multinacionales que siguen pujando por él. Estados Unidos, a través de la administración Obama, diseñó la ley Dodd-Frank, que obliga a las empresas estadounidenses a garantizar que todas las materias primas que se utilizan para fabricar sus productos cumplen las garantías y no proceden de conflictos armados. La idea sobre el papel es buena, y aboga por la responsabilidad ética de las multinacionales, pero al mismo tiempo ha llevado a regiones enteras a la ruina al cortar una fuente de ingresos constantes.
Apple y Samsung, empresas líderes en el sector tecnológico, ya han cambiado su forma de compra de coltán. Tras las acusaciones de varias ONG, como Amnistía Internacional, la compañía de Cupertino elaboró un informe en el que demostraba que el 100% de las fundiciones y refinerías con las que trabaja en su cadena de suministro participan en auditorías externas por participantes internacionales que aseguran que no participan en el uso de minerales procedentes de zonas de conflicto. Apple llegó incluso a afirmar que, al igual que Sony o la compañía coreana, hace unos años desconocía la trazabilidad de sus minerales, y que se han esforzado por cambiar este aspecto en los últimos tiempos. En los últimos años, las compañías han abogado por dejar atrás los minerales de sangre -un paralelismo relacionado con los famosos diamantes de sangre-, apostando por cambiar sus cadenas de producción, eliminar vínculos con las minas ilegales y las mafias armadas y desarrollar canales de venta más seguros y fuera de intermediarios en países como Ruanda o Uganda.
En 2008 se formó la CFSI, un organización que busca verificar y garantizar las condiciones en las que se trabajan en las minas de coltán y otras materias primas, buscando que los recursos extraídos no procedan de zonas de conflicto, y en la que participan empresas como Apple, Amazon, BQ, Canon, Dell, Foxconn, HP, Huawei, Intel, LG, Lenovo, Microsoft, Motorola, Panasonic, Qualcomm, Samsung, Sony, Tesla o ZTE. Ahora el mundo se debate entre la disminución del uso del coltán al explorar nuevos minerales y materiales que permitan los avances del mañana y la necesidad de ofrecer dispositivos baratos y low cost para todos sin explotar a millones de personas en África u otras regiones más desfavorecidas. El equilibrio es complicado, pero obligatorio si queremos un planeta más limpio y justo.