La web Roja Directa, famosa por difundir contenido deportivo ilegal, ha sido condenada a abonar 31,6 millones de euros a Mediapro por piratear contenidos de fútbol, en lo que representa la sanción más alta de su tipo. El Juzgado Mercantil nº 2 de La Coruña ha establecido esta indemnización por los daños causados por la distribución ilegal de partidos de LaLiga durante la temporada 2014/2015, cuyo derechos de propiedad intelectual pertenecen al grupo audiovisual Mediapro. Esta sanción llega tras una larga batalla judicial que comenzó en 2014 y que ha sido constante, sobre todo tras los esfuerzos de LaLiga por detener el fútbol a través de IPTV, en lo que ha sido una campaña que arrancó el pasado verano con cartas y citaciones de cese y desiste.
Roja Directa deberá indemnizar a Mediapro con 31,6 millones de euros: la mayor multa histórica por piratería de fútbol
En 2022, el Tribunal Supremo ya había declarado a Puerto 80 Projects, empresa propietaria de Roja Directa, y a su administrador, Igor Seoane, responsables de las actividades ilícitas realizadas a través de la web. Se les acusó de ofrecer acceso ilegal a contenidos deportivos, especialmente partidos de LaLiga, y de obtener grandes beneficios económicos. El cálculo de la indemnización se ha basado en lo que Puerto 80 habría tenido que pagar a Mediapro por acceder a esas señales de forma legal.
La web Roja Directa permitía a los usuarios españoles ver en directo partidos de fútbol y otros eventos deportivos de pago sin coste alguno. Mientras que los usuarios no pagaban por el acceso, Puerto 80 generaba ingresos millonarios a través de publicidad y desvíos de tráfico hacia sitios de apuestas deportivas. Los informes judiciales de 2022 revelaron que una de las cuentas de la sociedad alcanzó ingresos de más de 11 millones de euros.
Aunque la web fue cerrada en España gracias a la presión judicial de Mediapro, el proceso contra su administrador continúa. Seoane enfrenta un juicio penal impulsado por Mediapro y LaLiga, que lo acusan de un delito continuado contra la propiedad intelectual. El fiscal solicita cuatro años de prisión, mientras que las entidades demandantes piden seis años. Además, Puerto 80 y su administrador debían haber depositado una fianza de 4 millones de euros para hacer frente a futuras responsabilidades económicas. A pesar de la condena y la judicialización del caso, Puerto 80 sigue operando ilegalmente fuera de España, manteniendo su negocio de contenidos deportivos pirateados.