La crisis del agua dulce ha dejado de parecerse a una mala racha de sequías y empieza a describirse —desde ámbitos vinculados a Naciones Unidas— como un problema estructural: un desajuste crónico entre lo que la naturaleza repone y lo que consumimos. Un informe del Instituto de Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de la ONU (UNU-INWEH), publicado el 20 de enero de 2026, lo llama directamente "bancarrota hídrica" para subrayar que en muchos lugares ya no hablamos de estrés puntual, sino de sistemas que han perdido capacidad de recuperarse.
En términos sencillos, la "bancarrota" ocurre cuando una cuenca empieza a gastar su "sueldo" anual (lluvia y nieve) y, además, tira de ahorros: acuíferos, humedales, lagos y hielos. Esa contabilidad explica por qué la escasez se ha vuelto global: estudios clásicos estiman que alrededor de 4.000 millones de personas sufren escasez severa al menos un mes al año, una cifra que ya no encaja con la idea de que el problema "solo" vive en zonas áridas.
Cuando el "saldo" del agua entra en rojo
El punto caliente es la comida. La agricultura concentra la mayor parte de las extracciones de agua dulce, y cuando el riego depende de reservas subterráneas que bajan año tras año, la productividad se vuelve frágil: más cara, más incierta y más sensible a cualquier ola de calor o corte de suministro. El propio informe de la ONU-universidad advierte de que miles de millones de personas y una parte enorme de la producción alimentaria mundial se apoyan en regiones donde el "almacenamiento" de agua ya está disminuyendo o es inestable, justo lo contrario de lo que necesitas para garantizar cosechas.
A esa presión humana se suma un acelerador climático. El calentamiento no solo cambia la cantidad de lluvia; también altera su calendario, aumenta la evaporación y hace más frecuentes los extremos (sequías intensas y episodios de precipitación muy concentrada), que a menudo no recargan acuíferos al ritmo que drenan los pozos. La Organización Meteorológica Mundial ha documentado señales recientes de estrés hídrico a escala planetaria —caudales bajos y anomalías en el "balance" del agua—, en una dinámica coherente con lo que recoge el IPCC sobre intensificación del ciclo hidrológico y riesgos crecientes.
El precio: suelos que ceden y humedales que se apagan
La factura también se mide en territorio que se hunde y ecosistemas que desaparecen. Cuando sobreexplotas acuíferos, el subsuelo puede compactarse y perder capacidad de almacenamiento de forma prácticamente irreversible; Ciudad de México es un caso de manual, con tasas de hundimiento que en algunas zonas se miden en decenas de centímetros al año. Y, en paralelo, el informe citado en prensa española habla de una pérdida de humedales del orden de 410 millones de hectáreas desde 1970, un golpe directo a "infraestructuras" naturales que almacenan, filtran y amortiguan inundaciones.
La salida no es una tecnología milagrosa, sino una combinación de anticipación y gobernanza: detectar antes, medir mejor (satélite, sensores, contabilidad del agua), y ajustar demanda con decisiones difíciles pero evitables si se toman pronto: reducir fugas urbanas, modernizar riego donde tenga sentido, reutilizar agua, proteger riberas y humedales, y replantear cultivos y planificación urbana en zonas que ya viven "en números rojos". El mensaje de fondo del informe es político y económico: dejar de "apagar fuegos" y pasar a gestionar el sistema como un riesgo permanente, porque la estabilidad social y alimentaria depende de ello.