Gérald Guégan jamás imaginó que aquel 24 de junio de 2025 marcaría un antes y un después en su relación con la burocracia francesa. Aquella mañana, una notificación oficial le reveló una cifra demoledora: 12.923 euros reclamados por el Tesoro Público de París por supuestas multas de estacionamiento que, según él, jamás le habían llegado. La revelación no solo le dejó atónito; le provocó una desconfianza profunda hacia un sistema que, asegura, parece haber olvidado al ciudadano.
Una carta de embargo de 959 euros destapa su deuda real: cientos de multas que suman 12.000
En declaraciones recogidas por Ouest France, Guégan recordaba la mezcla de incredulidad y amargura que sintió al recibir la notificación. "Lo miré con distancia, pero con un resquemor evidente. Me decepcionó el funcionamiento administrativo. Sentí que no me respetaban", explicaba.
La cadena de hechos que desembocó en esa factura comenzó mucho antes. El 17 de abril de 2025, un aviso del banco alertó de un embargo administrativo inminente. Días después, llegaría la segunda sacudida: una relación completa de sanciones acumuladas durante casi tres años. 115 multas, fechadas entre el 7 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2024, que jamás habían sido notificadas.
Guégan asegura que su sorpresa se convirtió pronto en indignación. Defiende que, desde que abrió su empresa en 2015, registró su vehículo eléctrico ante el Ayuntamiento de París para acceder a las plazas de aparcamiento gratuitas. "Alguna multa injusta cayó, pero siempre preferí pagar antes que recurrir", afirma. Por eso, toparse con más de un centenar de sanciones invisibles le dejó sin respuestas.
El empresario insiste en que jamás recibió una carta, un aviso o un recordatorio. Durante meses, intentó contactar con un interlocutor real, pero sus llamadas se perdían en bucles automáticos. Su frustración alcanzó un nuevo nivel cuando, el 14 de octubre, recibió un mensaje de la Tesorería afirmando que habían intentado llamarle sin éxito por culpa de su configuración de privacidad.
Guégan lo niega rotundamente: "No tengo ninguna restricción. Nadie me ha llamado. Seis meses así y nada avanza. No puedo ni defenderme. No tengo siquiera los detalles de las sanciones. Empiezo a pensar que quizá clonaron mi matrícula". Hoy, solo pide algo que en teoría debería ser simple: un ser humano al otro lado de la línea. Un interlocutor que, al menos, escuche.