El coste de la vida no deja de subir y el combustible se ha convertido en uno de los mejores termómetros de esa tendencia. Aunque ha habido etapas de calma y descensos puntuales, llenar el depósito del coche es, año tras año, más caro. Y a partir de 2027 podría serlo todavía más con la entrada en vigor del nuevo impuesto europeo al carbono, el RCDE2, un sistema que cambiará por completo el mercado energético en la Unión Europea.
España se prepara para un alza de hasta el 45 % en la gasolina en 2027 mientras Europa impulsa el coche eléctrico
A partir de enero de ese año, los proveedores de combustible deberán pagar por cada tonelada de dióxido de carbono que sus productos emitan a la atmósfera. Este mecanismo, conocido como "régimen de comercio de emisiones", obligará a las empresas a comprar derechos de emisión mediante subastas, lo que abre la puerta a la especulación y a un encarecimiento progresivo de los precios según la demanda. En la práctica, ese sobrecoste acabará repercutiendo en los consumidores: los conductores.
El objetivo del nuevo sistema es ambicioso: reducir las emisiones de CO₂ en un 62% antes de 2030 respecto a los niveles de 2005. Sin embargo, ese propósito ecológico puede tener consecuencias inmediatas en el bolsillo de millones de europeos. Los expertos calculan que el litro de gasolina y diésel podría aumentar entre un 25% y un 45%, lo que equivaldría a subidas de entre 25 y 45 céntimos por litro. En los escenarios más conservadores, el incremento sería de unos 11 céntimos para la gasolina y 13 para el diésel, con un coste medio estimado de unos 48 euros por tonelada de CO₂ emitida.
El impacto real dependerá del precio final de los derechos y de cómo reaccione el mercado. Pero lo que parece seguro es que la medida afectará no solo a los conductores, sino también al transporte por carretera y, por extensión, al coste de los productos de consumo, empujando una inflación que parecía haberse contenido.
Y mientras Europa prepara su impuesto verde, en España se discuten medidas adicionales. La nueva Ley de Movilidad Sostenible abre la puerta a gravar directamente a los vehículos con etiquetas B y C de la DGT. Su finalidad es clara: fomentar la transición hacia el coche eléctrico e híbrido, endurecer los criterios de las etiquetas Eco y Cero, y permitir que los ayuntamientos establezcan tasas propias en las Zonas de Bajas Emisiones.