Jubilarse en España no significa lo mismo si tu vida laboral ha transcurrido en Vizcaya que si lo ha hecho en Orense. En pleno debate sobre la revalorización de las pensiones para 2026, los últimos datos de la Seguridad Social han puesto cifras muy concretas a algo que muchos economistas venían advirtiendo: el sistema público de jubilación consolida una brecha territorial cada vez más marcada entre las comunidades más industrializadas y las que arrastran sueldos bajos y envejecimiento acelerado. Hasta el punto de que, solo por código postal, un jubilado puede llegar a ingresar más de 11.000 euros anuales adicionales respecto a otro.
La fotografía de noviembre de 2025 es elocuente. En Vizcaya, una de las provincias con mayor densidad industrial y mejores salarios del país, la pensión media de jubilación se sitúa en 1.872 euros al mes. En el extremo opuesto aparece Orense, con 1.085 euros mensuales. La diferencia, 787 euros cada mes en 14 pagas, dibuja las dos Españas de la jubilación: territorios donde los pensionistas se mueven en niveles de renta comparables al salario medio de muchas regiones, frente a otros donde la prestación apenas cubre gastos básicos y deja muy poco margen para imprevistos.
Una brecha que se ensancha año a año
La tendencia, además, va a peor. Si se retrocede solo cinco años, hasta noviembre de 2020, la distancia entre la provincia con pensiones más altas y la que peores prestaciones registraba rondaba los 615 euros mensuales. En ese breve periodo, la brecha se ha agrandado en más de 170 euros al mes, impulsada por la revalorización general de las pensiones, sí, pero también por la inercia de un mercado laboral que no ha corregido las diferencias históricas entre territorios. Mientras el País Vasco, Navarra, Madrid, Asturias, Aragón, Cantabria, Cataluña o Ceuta se sitúan por encima de la media nacional, Galicia y Extremadura siguen ancladas en la parte baja del listado.
El origen de esta desigualdad no hay que buscarlo en las oficinas de la Seguridad Social, sino en décadas de estructura productiva desigual. La Encuesta de Estructura Salarial del INE para 2023 cifra el sueldo medio anual en País Vasco en algo más de 33.500 euros, frente a los cerca de 23.700 de Extremadura, una brecha en torno al 41%. Ese diferencial se traslada casi automáticamente al importe de las pensiones contributivas, porque el sistema de reparto español premia las carreras largas y las cotizaciones más elevadas: donde hubo industria potente, convenios fuertes y sueldos altos, hoy hay jubilaciones más generosas.
Envejecimiento desigual y economía local
El impacto de estas diferencias se amplifica en una España que envejece a ritmos distintos. En provincias de la llamada España vaciada, como Orense o Zamora, el número de pensionistas se aproxima peligrosamente al de trabajadores en activo. Eso convierte la pensión en el ingreso estable central de muchísimos hogares y, al mismo tiempo, tensiona las cuentas de la Seguridad Social: son territorios donde las cotizaciones no alcanzan para cubrir lo que se paga en prestaciones, y la brecha salarial histórica se traduce en menos margen económico para las familias y menos capacidad de consumo local.
Todo ello dibuja un mapa en el que el código postal pesa casi tanto como la biografía laboral individual. El debate que se abre ahora no es solo cómo revalorizar las pensiones para mantener su poder adquisitivo frente a la inflación, sino si el sistema debe incorporar mecanismos que amortigüen estas desigualdades territoriales crecientes en un país donde, cada vez más, jubilarse en el Cantábrico o en el noroeste atlántico implica jugar en ligas económicas muy distintas.