La amenaza de invocar la Insurrection Act ha dejado de ser un globo sonda y se ha convertido en el eje de un pulso institucional en EE.UU. Tras ordenar el despliegue de compañías de la Guardia Nacional federalizada en Illinois y Oregón, varios juzgados federales han frenado esas operaciones: en Chicago, la jueza April M. Perry dictó una orden temporal que bloquea la entrada de tropas en el estado; el Séptimo Circuito permitió que los guardias ya trasladados permanezcan en bases militares, pero mantiene prohibido su empleo en la calle.
En Portland, la jueza Karin Immergut (nominada por el propio Donald Trump) prorrogó dos órdenes que impiden usar tanto a la Guardia de Oregón como a unidades de otros estados. En paralelo, el presidente desliza que activaría la Insurrection Act si "los tribunales o los gobernadores" impiden su estrategia, lo que elevaría el choque con los estados demócratas a un plano constitucional.
¿Qué permite exactamente esa ley? La Insurrection Act (1807), hoy recogida en los 10 U.S.C. §§ 251–255, autoriza tres supuestos: 1) asistencia a petición de un estado (art. 251); 2) empleo de milicia/FF. AA. para hacer cumplir las leyes federales cuando los tribunales ordinarios no basten (art. 252); y 3) intervención para proteger derechos constitucionales frente a violencia doméstica o insurrección cuando el estado no pueda o no quiera protegerlos (art. 253). Además, exige una proclama previa ordenando dispersarse (art. 254). Es, en la práctica, una excepción a la Posse Comitatus Act (1878), que prohíbe a los militares actuar como policía salvo habilitación legal expresa.
Ámbitos y límites de la Insurrection Act
El uso de esta herramienta es extraordinario y políticamente costoso: se ha invocado una treintena de veces en más de dos siglos, con hitos en los derechos civiles (Little Rock 1957; Ole Miss 1962; Alabama 1963/1965) y por última vez en 1992 durante los disturbios de Los Ángeles. Tras el huracán Katrina, el Congreso amplió en 2006 el alcance de la ley, pero revirtió esa ampliación en 2008 ante la oposición de gobernadores de ambos partidos. La regla, por tanto, vuelve a ser de uso restrictivo y tasado.
La coyuntura de 2025 explica la tensión. En junio, la Casa Blanca federalizó unidades de la Guardia Nacional en California con base en 10 U.S.C. § 12406, una potestad distinta de la Insurrection Act que permite poner a la Guardia bajo mando federal en supuestos de rebelión o para ejecutar las leyes; el movimiento desató críticas por su posible colisión con Posse Comitatus. Ya en octubre, Illinois y Chicago lograron que la jueza Perry frenara el despliegue dentro del estado: el Séptimo Circuito dejó a ~200 guardias de Texas acantonados en Elwood pero sin facultades operativas, mientras Oregon obtuvo bloqueos análogos frente a intentos de uso desde California tras vetarse la federalización de su propia Guardia. El cuadro fáctico —despliegues parciales, medidas cautelares y apelaciones en curso— es el que alimenta hoy la amenaza presidencial de pasar a la Insurrection Act.
Contexto 2025 y choques judiciales
Si se invoca la Insurrection Act, cambia el estándar jurídico: la prohibición general de actuar como policía se suspende para esa misión concreta, y los militares pueden asumir funciones de orden público bajo reglas que siguen siendo revisables por los tribunales. La jurisprudencia ofrece dos vectores: deferencia al Ejecutivo para apreciar la "impracticabilidad" de los medios ordinarios (Martin v. Mott, 1827) y límites a la invocación de "necesidad" cuando vulnera derechos (Sterling v. Constantin, 1932). La vieja doctrina de "cuestión política" (Luther v. Borden, 1849) no blinda arbitrariedades: hoy caben controles sobre hechos, proporcionalidad y adecuación de la medida. Un detalle con consecuencias: la ley exige una proclamación formal ordenando dispersarse antes del uso de la fuerza.
La comparación con el artículo 155 de la Constitución española es útil solo hasta cierto punto. El 155 es un mecanismo constitucional de coerción federal para obligar a una comunidad autónoma al cumplimiento de la Constitución o para proteger el interés general, requiere aprobación del Senado y se traduce en medidas de sustitución o dirección administrativa; no autoriza por sí mismo el uso de las Fuerzas Armadas en tareas policiales. La Insurrection Act, en cambio, es ley federal específica para emplear fuerzas militares en el territorio nacional en supuestos tasados.
Qué mirar en adelante:
- (1) si la Casa Blanca emite la proclamación del art. 254 y en qué hechos la sustenta.
- (2) cómo resuelven Séptimo y Noveno Circuitos la tesis de que los tribunales y policías ordinarios resultarían "impracticables".
- (3) si el objetivo operativo es hacer cumplir leyes migratorias —un ámbito especialmente sensible a Posse Comitatus— o si se acreditan supuestos de insurrección/violencia que encajen en los arts. 252–253.
- (4) el impacto político si el Ejecutivo intenta eludir la oposición de los gobernadores con despliegues cruzados. La historia y la letra de la ley apuntan a una conclusión sobria: la Insurrection Act existe, pero su uso no es un comodín.
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