El 30 de mayo de 2022, un trabajador del Consorcio Industrial de Alimentos (CIAL) en Santiago de Chile vivió lo que parecía el sueño imposible de cualquier asalariado: abrir su cuenta bancaria y descubrir un ingreso millonario. Donde debía haber una nómina modesta, aparecieron 165 millones de pesos chilenos, el equivalente a unos 147.000 euros.
El sistema informático de recursos humanos había cometido un error fatal: había multiplicado por 330 veces su salario mensual. Lo que siguió a ese hallazgo fue una cadena de decisiones impulsivas, silencios administrativos y un largo proceso judicial que acaba de resolverse tres años después.
El empleado, cuyo nombre no ha trascendido por razones legales, tardó tres días en comunicar el hallazgo. Según la investigación, acudió a sus superiores y notificó el error, pero en lugar de colaborar con la devolución del dinero, presentó su renuncia inmediata. A partir de ese momento, desapareció: no volvió al trabajo, dejó de responder correos y llamadas, y el dinero tampoco fue reembolsado. La empresa, incapaz de recuperar el monto por vías internas, interpuso una denuncia por hurto, argumentando que el trabajador se había apropiado indebidamente de fondos que no le correspondían.
Del error a la absolución penal
El caso, que pronto captó la atención de la prensa chilena por su carácter casi surrealista, ha terminado con una sentencia favorable al trabajador. El Juzgado de Garantía de Santiago ha determinado que no existió delito de hurto, ya que el pago fue realizado de forma legítima a través de un proceso bancario autorizado por la empresa. En otras palabras, no hubo apropiación ilícita: el dinero fue depositado en su cuenta por un error administrativo, sin mediación fraudulenta o manipulación por parte del empleado. La fiscalía reconoció que la confusión se originó en el sistema de nóminas, y que el fallo se debió a una duplicación masiva de datos en la plataforma de recursos humanos.
Aunque la resolución judicial libra al trabajador de responsabilidad penal, el caso no está cerrado. La empresa ha anunciado que recurrirá por la vía civil para intentar recuperar el dinero, alegando enriquecimiento sin causa, una figura que en Chile puede aplicarse cuando alguien recibe un pago indebido aunque no haya mediado delito. Según el abogado laboralista Cristian Sáez, citado por La Tercera, "la absolución penal no implica que el dinero pase a ser suyo; la vía civil puede exigir su restitución total o parcial dependiendo de la buena o mala fe del receptor". Hasta entonces, el extrabajador podrá conservar el monto, que permanece en una especie de limbo legal.
Automatización y riesgos de nómina
El caso ha abierto un debate en el país sobre los límites de la responsabilidad en errores de nómina y la fragilidad de los sistemas automatizados de pago. Según el Centro de Estudios de Políticas Laborales de Chile, más del 80% de las empresas utiliza software contable externo sin auditorías internas regulares, lo que las expone a errores costosos. El incidente del CIAL ha servido como advertencia: incluso un simple fallo de carga masiva puede tener consecuencias jurídicas y reputacionales graves. En este caso, además, la reacción del trabajador agravó la desconfianza, transformando un error técnico en un conflicto ético y legal de largo recorrido.
Más allá de lo anecdótico, el episodio resume una tensión muy contemporánea entre automatización, burocracia y ética laboral. Mientras la justicia chilena intenta delimitar qué ocurre cuando la máquina se equivoca, el caso ha dejado una lección incómoda: la buena fe sigue siendo una categoría legal y moral esencial.