Nueva condena a la piratería de videojuegos en España

Dos nuevas sentencias castigan esta práctica.
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La piratería de videojuegos en España sigue siendo perseguida y condenada por la justicia. Dos nuevas sentencias emitidas desde Madrid condenaban a dos personas por dedicarse a la vulneración de las normas de seguridad de plataformas como Nintendo DS o Nintendo 3DS.

En defensa de la Propiedad Intelectual

La primera sentencia ha sido dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Móstoles, el pasado 22 de octubre. Consta de una pena de 6 meses de prisión, además del consecuente pago de una multa, indemnización y costas legales.

El acusado era el administrador de una compañía dedicada a la venta al por mayor. Según leemos en Audiovisual451, la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid incautó de su nave en Fuenlabrada "alrededor de 1000 tarjetas R4" que sirven para eliminar las medidas de protección de Nintendo DS. Eso permite después a los usuarios poder disfrutar de los juegos pirateados.

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La policía requisó más de 1000 tarjetas R4

Por otro lado, la segunda sentencia ha sido dictada por el Juzgado de lo Penal número 4 de Alcalá de Henares, el pasado 30 de octubre. En este caso, el acusado se dedicaba a "la reproducción y distribución no autorizada de copias de videojuegos", de sistemas como Nintendo DS o Nintendo 3DS. También distribuía otras herramientas que, igualmente, acababan con las medidas de protección de estas consolas portátiles, como R4 Gold PRO o Sky 3DS. Tendrá que pagar alrededor de 15.000 euros de multa, junto con las costas procesales.

A su vez, tanto una como otra sentencia son firmes, dado que las partes han indicado que no las van a recurrir.

El impacto de la piratería en España

Desde la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) han aportado las cifras del impacto que tienen este tipo de prácticas en la industria del videojuego en nuestro país: pérdidas que se reflejan en hasta 1500 puestos de trabajos y 52 millones de euros.

Según indica el Observatorio de la Piratería, durante 2017 se realizaron 241 millones de accesos ilegítimos, por valor de 5.622 millones de euros.

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