Sentencia firme contra la piratería de videojuegos en España

Condenado a pagar indemnización, multa y costas judiciales. Por ahora esquiva la cárcel.
Sentencia firme contra la piratería de videojuegos en España
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La Asociación Española de Videojuegos (AEVI) ha anunciado que se ha producido una sentencia condenatoria contra la piratería de videojuegos. El condenado anunciaba para su venta en Milanuncios.com discos duros de diversas capacidades con juegos para Playstation 3 y cartuchos R4i con 320 juegos para la consola Nintendo DS.

Nueva sentencia contra la piratería en España

Se ha pronunciado en España una nueva sentencia condenatoria vinculada con la piratería en la industria de los videojuegos. El juzgado número 3 de lo penal de Oviedo ha condenado a O.C.G. por la venta, a través de Milanuncios.com, de discos duros de diversas capacidades con juegos para Playstation 3 y cartuchos R4i con 320 juegos para la consola Nintendo DS. AEVI cifró en 5072 euros los daños causados, que el condenado deberá indemnizar a la industria.

José María Moreno, director general de AEVI, ha destacado que es "importante que se aplique la legislación de propiedad intelectual. Anualmente se pierden más de 800 puestos de trabajo directos y el Estado deja de ingresar 52 millones de euros de la industria de los videojuegos por culpa de la piratería". Según los últimos datos del Observatorio de la piratería publicados por la Coalición de Creadores en España se producen 223 millones de accesos ilegales anuales a videojuegos por valor de 5608 millones de euros y un lucro cesante de 247 millones de euros.

Indemnización, multa y costas judiciales. Pena de cárcel solo si vuelve a incurrir en delitos

La sentencia condena a pagar la ya citada indemnización y también abonar una multa de 4 euros diarios durante 12 meses, así como asumir las costas del proceso judicial. Asimismo, se le condena a 6 meses de cárcel eludibles si se completa el pago de responsabilidades civiles y no se le imputan más delitos durante al menos tres años.

La sentencia es firme
: ni el acusado ni el Ministerio Fiscal van a recurrirla.

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